La norma busca frenar la crisis del alquiler, aunque su aprobación en el Congreso no está garantizada.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ultima para este mes de julio un amplio paquete legislativo en materia de vivienda, uno de los ámbitos más sensibles para la política del Gobierno español. La ministra portavoz, Elma Saiz, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto que calificó como extenso y transversal, con el objetivo declarado de que las distintas fuerzas políticas se sientan representadas en su contenido. La medida llega en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler en las grandes ciudades españolas, y plantea una pregunta que interesa directamente a millones de inquilinos: ¿logrará esta vez el Gobierno aprobar una norma que realmente frene la escalada de precios, o repetirá el patrón de anuncios que terminan bloqueados en el Congreso?
Las tres medidas centrales del nuevo decreto
Según ha explicado el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, el nuevo decreto se estructura en dos grandes bloques. El primero incluye medidas para bajar el precio del alquiler, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el mercado de arrendamiento. Entre ellas destaca la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida que el Congreso ya había rechazado en marzo con los votos en contra del Partido Popular, Junts, Vox y Unión del Pueblo Navarro, además de la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Esta prórroga forzosa evitaría la finalización automática de los arrendamientos y obligaría al propietario a mantener las mismas condiciones mientras se mantengan las causas que justifiquen la intervención.
El segundo bloque de medidas se enfoca en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una figura que en los últimos años ha crecido como alternativa para esquivar los topes de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas. El decreto exigirá contratos por escrito y delimitará los supuestos que permiten acogerse a esta modalidad, con el objetivo de evitar que una parte relevante del mercado residencial se desplace hacia el alquiler estacional sin control. Además, se confirmó la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, una reivindicación histórica de los ayuntamientos de las grandes capitales, que busca desincentivar la proliferación de este tipo de viviendas en zonas donde compiten directamente con el alquiler residencial tradicional.
Los obstáculos políticos que enfrenta la norma
El Ejecutivo necesitará una mayoría simple para convalidar el real decreto-ley en el Congreso en un plazo de treinta días tras su publicación, un trámite que en esta legislatura no siempre ha tenido un final favorable para el Gobierno. De hecho, iniciativas similares en materia de vivienda han quedado bloqueadas anteriormente por falta de apoyos parlamentarios, y un primer intento de decreto de vivienda presentado a comienzos de año fue rechazado por sus propios socios de investidura, entre ellos Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, que lo calificaron de insuficiente e incluso de una tomadura de pelo. En aquella ocasión, la propuesta de bonificar con el 100% del IRPF a los propietarios que renovaran contratos sin subir el alquiler generó un fuerte rechazo por parte de estos socios parlamentarios.
Pese a estos antecedentes, fuentes de Moncloa confían en que el nuevo texto recoja medidas que los distintos grupos han defendido a lo largo de la legislatura, lo que en teoría facilitaría su tramitación. El contexto económico general también juega a favor del argumentario oficial: el mismo Consejo de Ministros aprobó un nuevo cuadro macroeconómico que eleva el crecimiento del PIB al 2,6% para 2026, cuatro décimas más que la proyección anterior, y sitúa la tasa de paro por debajo del 10% este año, cifras que el Gobierno utiliza para reforzar su discurso de gestión económica sólida frente a la crisis habitacional.
Qué cambia para inquilinos y propietarios
Para quienes tienen contratos de alquiler próximos a vencer, la principal novedad es la posibilidad de alargar su contrato bajo las mismas condiciones actuales, evitando así actualizaciones de renta que en algunas ciudades podrían superar los 300 euros mensuales si se aplicaran los precios actuales del mercado. Para los propietarios de pisos turísticos, en cambio, la noticia es menos favorable, ya que la subida del IVA al 21% equipara su fiscalidad a la de cualquier otro servicio de alojamiento tradicional. El decreto también incorporará un capítulo de agilización administrativa para la construcción de vivienda asequible, con plazos máximos para la concesión de licencias, aunque su desarrollo reglamentario definitivo todavía dependerá de la tramitación posterior en las comunidades autónomas.
Para el ciudadano español que busca vivienda este verano, el mensaje sigue siendo el de una promesa pendiente de concretarse: el decreto todavía no está aprobado y su aplicación real dependerá de un Congreso fragmentado, además de un desarrollo reglamentario posterior en varias de sus medidas más ambiciosas. La experiencia de anuncios previos en materia de vivienda invita a la cautela, aunque esta vez el Gobierno insiste en que el paquete es más completo, al incorporar de lleno la regulación del alquiler temporal y la subida del IVA turístico, dos elementos que sí podrían mover de forma tangible el mercado si las comunidades autónomas colaboran en su implementación.