El especialista en seguridad institucional y protección de autoridades, Ernesto Kenji Igarashi, trabaja en escenarios en los que la decisión operativa no concluye en el momento de la ejecución, sino que continúa generando efectos mucho después del final de la operación. En contextos de seguridad institucional, las decisiones técnicas adoptadas bajo presión extrema pasan a ser analizadas a la luz de normas, protocolos y responsabilidades formales. Esta superposición entre urgencia práctica y evaluación jurídica posterior exige un nivel de preparación que va más allá de la capacidad operativa inmediata.
En operaciones sensibles, la inestabilidad del entorno, la limitación de la información y el factor tiempo comprimen el proceso de toma de decisiones. Aun así, la respuesta adoptada debe mantener coherencia con parámetros legales e institucionales previamente definidos. La ausencia de esta integración transforma decisiones técnicamente eficientes en potenciales pasivos jurídicos, con impacto directo sobre profesionales, equipos y estructuras organizativas.
Decisión operativa bajo presión y encuadre jurídico
La toma de decisiones en seguridad institucional se produce dentro de límites normativos que no se suspenden en situaciones críticas. Los protocolos operativos cumplen una doble función: orientan la acción en el terreno y establecen parámetros de legalidad para evaluaciones futuras. Cuando estos límites se ignoran, la operación puede incluso alcanzar el objetivo inmediato, pero pierde sostenibilidad institucional a medio y largo plazo.
Ernesto Kenji Igarashi destaca que el dominio previo del encuadre jurídico permite decisiones más consistentes incluso bajo presión. La claridad sobre permisos y restricciones reduce respuestas impulsivas y amplía la capacidad de actuar con seguridad técnica y jurídica de forma simultánea, especialmente en entornos donde cualquier desviación tiende a amplificarse posteriormente.
Distribución de responsabilidades y cadena de mando
En operaciones sensibles, la responsabilidad no puede ser difusa. Cadenas de mando mal definidas crean zonas grises que debilitan tanto la ejecución como el análisis posterior de las decisiones. La ausencia de una delimitación clara de funciones incrementa el riesgo de responsabilización individual desproporcionada y compromete la defensa institucional de la operación.
En este contexto, Ernesto Kenji Igarashi explica que las estructuras maduras organizan la responsabilidad de acuerdo con niveles decisorios bien establecidos. Esta organización no elimina el riesgo jurídico, pero crea criterios objetivos para identificar quién decide, quién ejecuta y en qué condiciones se tomó cada decisión, fortaleciendo la coherencia institucional.
La proporcionalidad como elemento práctico de la operación
La proporcionalidad debe entenderse no solo como un concepto jurídico abstracto, sino como un criterio operativo continuo y esencial. En entornos de alto riesgo, la percepción de la amenaza tiende a intensificarse, elevando la probabilidad de respuestas excesivas y reacciones impulsivas. La incorporación práctica de la proporcionalidad ayuda a calibrar la acción incluso bajo elevado estrés, promoviendo decisiones más equilibradas y fundamentadas.
Ernesto Kenji Igarashi subraya que los equipos entrenados para evaluar de forma constante la relación entre amenaza, medios disponibles y objetivos de la misión mantienen un mayor control de la operación, lo que permite una adaptación más ágil a las circunstancias. Esta postura reduce desviaciones críticas, refuerza la legitimidad de la acción y contribuye a respuestas más estables en escenarios imprevisibles.
Registro operativo y preservación de la legitimidad institucional
La decisión tomada en el terreno no se sostiene únicamente por la acción, sino también por la forma en que se registra. La ausencia de documentación adecuada dificulta la reconstrucción del contexto operativo y debilita la defensa técnica e institucional, incluso cuando la elección fue coherente con la realidad enfrentada. Además, la falta de registros claros puede dar lugar a malentendidos e interpretaciones erróneas de las acciones realizadas, comprometiendo la credibilidad de la institución involucrada.
En el análisis de Ernesto Kenji Igarashi, el registro estructurado funciona como una extensión de la propia decisión. Permite demostrar los criterios utilizados, las condiciones reales del escenario y las limitaciones afrontadas en el momento de la acción. En seguridad institucional, preservar la legitimidad de la operación significa no solo actuar correctamente, sino garantizar que esa corrección pueda ser comprendida y evaluada de forma contextualizada a lo largo del tiempo.
Autor: Warren L. Moore