En un escenario de expansión de grupos familiares hacia diferentes áreas de actividad, el Dr. Rodrigo Gonçalves Pimentel, especialista en estructuración patrimonial internacional, destaca un modelo de gestión que se expande de manera no planificada. La dinámica familiar comienza con la constitución de una empresa, seguida de la apertura de otra para un nuevo emprendimiento, la adquisición de inmuebles y la creación de una sociedad holding. Todas estas sociedades continúan bajo la administración de las mismas personas, manteniendo las mismas rutinas empleadas en la operación original.
En este modelo, las decisiones se acumulan en la cima de la jerarquía. El fundador o un pequeño grupo familiar aprueba tanto las grandes inversiones como los gastos rutinarios de la empresa. La centralización proporciona control, pero también genera lentitud, sobrecarga a los responsables de tomar decisiones y dificulta la identificación de los responsables de los resultados de cada operación.
Las facultades de decisión son la herramienta que organiza este escenario. Las comisiones definen quién puede decidir qué, hasta qué importe y en qué condiciones, distribuyendo responsabilidades sin perder la visión del conjunto.
Criterios de decisión y límites de autoridad en una administración única
En operaciones con administración compartida, la distinción entre las sociedades se vuelve progresivamente ambigua. Los recursos de una sociedad se utilizan para financiar otra sin el debido registro formal. Además, los contratos se firman a nombre de la empresa equivocada y se otorgan garantías sin analizar su impacto en el grupo. Según Rodrigo Pimentel, la informalidad compromete la separación patrimonial que fundamentó la creación de sociedades distintas.
La ausencia de facultades de decisión también perjudica la gestión. Los ejecutivos de las operaciones, por su parte, muestran inseguridad respecto al alcance de sus propias decisiones, lo que los lleva a consultar a la familia sobre diversos asuntos o, en casos extremos, a tomar decisiones relevantes sin la debida aprobación. El abogado Rodrigo Pimentel señala que ambas conductas implican riesgos: la primera paraliza la operación, mientras que la segunda expone al grupo a compromisos no evaluados.
El proceso sucesorio hace que el problema sea aún más evidente. Mientras el fundador concentra las decisiones, el grupo funciona basándose en su experiencia y en su memoria sobre cada empresa. Cuando se retira, los herederos y ejecutivos descubren que no existe un registro claro de quién puede decidir qué. El grupo se ve entonces obligado a reconstruir su lógica de funcionamiento precisamente cuando se encuentra más vulnerable.
Distribución de poderes de decisión en la gestión empresarial
La matriz de facultades debe construirse a partir de la realidad de cada grupo. Entre los elementos que suelen integrarla se encuentran:
- Límites por importe: rangos que definen qué gastos, inversiones y contratos pueden aprobar el gerente, el director, el consejo o los socios.
- Materias reservadas: decisiones que, independientemente del importe, requieren aprobación colegiada, como garantías, endeudamiento, venta de activos y operaciones entre empresas del grupo.
- Responsables de cada operación: definición de quién responde por los resultados de cada empresa y con qué objetivos.
- Firmas y poderes: reglas sobre quién puede representar a cada sociedad y en qué situaciones se requieren dos firmas.
- Segregación de funciones: separación entre quien autoriza, quien ejecuta y quien registra las operaciones financieras.
- Informes al consejo: periodicidad y contenido de la información que cada operación debe presentar a la instancia superior.

Según la evaluación de Rodrigo Gonçalves Pimentel, es indispensable que estas reglas estén reflejadas en el acuerdo de socios, el reglamento del consejo y los estatutos sociales de cada empresa, de modo que tengan validez frente a terceros y no dependan únicamente de acuerdos internos.
En consonancia con la visión de Sideni Soncini Pimentel, abogado y magistrado jubilado con más de cuatro décadas de trayectoria judicial, esta formalización tiene un valor incalculable. En disputas sobre la responsabilidad de los administradores, la existencia de facultades claramente definidas y de registros de las aprobaciones suele ser decisiva para demostrar quién tomó las decisiones y con qué atribuciones.
Control sin centralización
Resulta evidente que unas facultades bien definidas no reducen el control de la familia, sino que lo hacen más eficiente. Tras ejercer la magistratura, Sideni Soncini Pimentel comenzó a desempeñarse en la abogacía consultiva y estratégica. En este ámbito, refuerza la necesidad de reglas claras y ampliamente conocidas por todos los involucrados, con el fin de reducir el margen para posibles conflictos entre socios y gestores.
Además, Rodrigo Gonçalves Pimentel destaca que la matriz debe revisarse siempre que el grupo crezca o cambie. Un grupo con múltiples operaciones y una única administración solo obtiene resultados satisfactorios cuando cada decisión se toma en el nivel adecuado. Esta claridad permite a la familia supervisar el conjunto sin necesidad de decidir cada detalle.
Sobre los especialistas
Rodrigo Gonçalves Pimentel es abogado, empresario y socio de Pimentel & Mochi Advogados Associados. Su actividad abarca cuestiones empresariales, patrimoniales, societarias y sucesorias relacionadas con empresarios y familias empresarias.
Sideni Soncini Pimentel es abogado, magistrado jubilado e integrante de Pimentel & Mochi Advogados Associados. Tras una trayectoria de más de cuatro décadas en la magistratura, inició una nueva etapa profesional en la abogacía, con un enfoque consultivo y estratégico.

